La articulación interinstitucional permitió el cumplimiento de las condiciones judiciales del joven y sentó las bases para la continuidad de su proceso de rehabilitación en una comunidad terapéutica especializada.
SANTIAGO. En el marco del trabajo colaborativo que desarrollan el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública y SENDA, se llevó a cabo una nueva audiencia de egreso en el marco del programa de Tribunales de Tratamiento de Drogas y/o Alcohol bajo la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (TTD-RPA).
La audiencia estuvo a cargo de la magistrada Andrea Díaz Muñoz, contando con la intervención y coordinación de la defensora pública Bárbara Flores y la fiscal Mayra Abarca, quienes valoraron el esfuerzo interinstitucional desplegado a lo largo de este proceso. La instancia marcó el cierre formal del seguimiento judicial del caso, tras un período de intervención de más de un año en el que un adolescente de 15 años formó parte de este modelo de justicia terapéutica.
Acompañamiento integral ante escenarios de alta complejidad
El programa TTD-RPA entrega una respuesta diferenciada a jóvenes infractores de ley que presentan consumo problemático de sustancias, abordando las causas de origen a través de un monitoreo judicial periódico y derivaciones a centros de salud especializados.
A lo largo de 15 audiencias de seguimiento y diversas etapas de atención ambulatoria y residencial, el equipo interdisciplinario —junto al trabajo conjunto del tribunal, la defensa y el Ministerio Público— brindó contención psiquiátrica, médica y psicosocial continua frente a un contexto de alta vulnerabilidad psicosocial y familiar.
Principales avances y motivación hacia el cambio
A pesar de la severidad del cuadro y de los desafíos del entorno, la intervención sostenida del programa permitió consolidar avances clave para el bienestar y proyección del joven:
Motivación sostenida para el tratamiento: Uno de los logros más significativos del proceso fue el surgimiento de una disposición voluntaria y consciente por parte del adolescente para ingresar a una etapa de desintoxicación y continuar su rehabilitación en una comunidad terapéutica residencial.
Reconocimiento de entornos protectores: Gracias al espacio de escucha y diálogo con los profesionales y operadores judiciales, el joven logró identificar la necesidad de distanciarse de dinámicas familiares complejas y ambientes de riesgo, dando un primer paso fundamental hacia la problematización de su consumo.
Continuidad de la atención en salud: El cierre de la causa penal no significó el término de la ayuda; la red interinstitucional gestionó y aseguró la continuidad del tratamiento especializado y el apoyo en salud mental posterior al término del control judicial.
El valor de la Justicia Terapéutica
El egreso del adolescente bajo este modelo reafirma el compromiso de las instituciones y profesionales participantes por priorizar la rehabilitación, la protección de los derechos de la infancia y la reintegración social por sobre salidas punitivas tradicionales.
A través de esta coordinación, el sistema no solo concluyó el proceso legal de manera satisfactoria, sino que dotó al joven de una vía clara, estructurada y acompañada para seguir adelante con su proceso de recuperación y estabilidad personal.